-Renovación de los dispositivos de regulación y control de los flujos migratorios para facilitar la tramitación administrativa de obtención de los permisos de residencia y/o trabajo, de manera que, la Ley de Extranjería no se convierta en un instrumento que dificulte la inserción laboral de las mujeres migrantes.
-La promoción de la contratación desde los países de origen previene ante la llegada irregular y el empleo informal. Para ello sería necesario que se realizase una adecuada planificación de las necesidades del mercado laboral y de las ocupaciones.
-Promover la especialización de los servicios de orientación sociolaboral que se prestan a la población inmigrante extranjera, y de manera muy particular a las mujeres inmigrantes, a través del diseño de planes de inserción sociolaboral personalizados y acordes con sus trayectorias personales y profesionales.
-Profesionalizar algunas actividades en las que se ocupan mayoritamente mujeres inmigrantes como son las tareas de cuidados personales a personas mayores o enfermos. En la actualidad esta ocupación se regular mediante el servicio doméstico pero parece necesario que se prepare una normativa propia independiente pues la formación para cuidar y para limpiar son diferentes.
El reto que ha de afrontar la política migratoria es la de dirigirse no únicamente a canalizar los flujos migratorios, es decir, adaptar el volumen de personas que emigran, a la capacidad de nuestro mercado de trabajo, sino también el de integrar social y laboralmente a los distintos y variados colectivos de personas inmigrantes que residen en España.
Para ello es necesario prestar atención a quienes están fijando su proyecto migratorio entre nosotros, facilitándole el acceso al mercado y servicios de acogida de calidad. Pero también es necesario atender a quien lleve tiempo entre nosotros, en situación en muchos casos de integración formal, pero que realmente participan en el mercado de trabajo en condiciones de profunda desigualdad, en condiciones de extrema precariedad laboral y social, como es la que afecta en nuestros días a gran parte de las mujeres inmigrantes. Junto a ellas se encuentra también una amplia proporción de mujeres que ni siquiera tienen acceso a esta situación de regularidad formal, sino que participan en nuestro mercado de trabajo, prestando un servicio a nuestra sociedad, en condiciones de irregularidad administrativa, que las convierte invisibles en muchos aspectos de la vida en sociedad, y que da lugar a situaciones problemáticas, que vienen oscilando en la práctica entre situaciones de semiesclavitud y situaciones de normalización, ya sea ordinaria o bien extraordinaria.
Lo que no debemos obviar es que con frecuencia pasamos por alto la propia condición de ciudadanas que poseen estas mujeres y que deben ser consideradas como sujetos de derecho y de acción pública, por lo que también ellas deben ser destinatarias de medidas de actuación inspiradas en el objetivo de conseguir en este caso, de manera preferente su integración sociolaboral, puesto que de hecho están trabajando en nuestra sociedad alcanzando con ello el estatus que les permita alejarse de la situación de mayor vulnerabilidad que padecen, y que las convierte en presa fácil de situaciones de exclusión social. En definitiva, se trata de abrir nuevos ámbitos para la realización del derecho a acceder a un empleo en condiciones de igualdad y no discriminación para todas las mujeres inmigrantes, con independencia de la situación administrativa en la que se encuentren.
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