Indicadores sociolaborales de las mujeres inmigrantes

Una de cada tres mujeres inmigrantes en España es contratada como empleada de hogar para realizar tanto tareas de limpieza como de cuidados personales (a niños, enfermos, adultos mayores...). La implicación de este colectivo en la realización de estas tareas es tan amplia que diversas investigaciones sitúan al servicio doméstico como la vía de entrada al mercado laboral en España. Eso significa que el espectro de posibilidades de incorporación laboral de las mujeres inmigrantes es muy poco variada y únicamente se las requiere para la realización de las tareas que tradicionalmente se asignan al sexo femenino. Sin tener en cuenta la formación la trayectoria laboral iniciada en sus países de origen estas "mujeres globales" son importadas como mano de obra barata y flexible. La respuesta institucional es contradictoria pues mientras aprueba una política de inmigración rígida y que mantiene a la población inmigrante en la irregularidad al mismo tiempo ofrece subvenciones a las ONG para promover políticas de inserción sociolaboral entre este colectivo. A continuación vamos a analizar como se desarrollan estas tensiones en el caso español.

El mercado laboral al que acceden las mujeres inmigrantes en España se caracteriza por una elevada presencia de actividades relacionadas con el sector servicios. Hostelería, servicio doméstico y comercio se han convertido en los principales “nichos laborales” a los que accede este colectivo. Los datos de la Encuesta de Población Activa (fuente de información más utilizada para conocer la posición de los individuos con respecto al mercado laboral) señala que el 34,9% de las mujeres extranjeras están ocupadas en tareas relacionadas con el servicio doméstico, el 18,7% trabajan en hostelería y restauración y el 12,9% aparecen vinculadas a actividades comerciales. Es decir, tan solo tres ramas aglutinan cerca del 70% de todas las trabajadoras inmigrantes. 

Esta relevante concentración laboral femenina destaca, sobre todo, cuando comparamos las cifras con respecto a los hombres extranjeros. El colectivo masculino accede a un mercado de trabajo con una gama más amplia de actividades, entre las que destacan, construcción (26,4%), comercio (14,1%), industria manufacturera y extractiva (12,1%), hostelería (12,1%) y agricultura (9,5%). 

Si bien, tanto para los hombres como para las mujeres inmigradas existe un mercado laboral segregado en ocupaciones en las que destaca su precariedad e irregularidad laboral, la situación es más preocupante para el colectivo femenino debido a las mayores dificultades existentes para efectuar una transición laboral hacia otras actividades no relacionadas con el rol tradicional asignado a las mujeres y, sobre todo, tienen más probabilidades de que exista un desequilibrio entre el nivel formativo adquirido en sus países de origen y la actividad que desempeñan en España. 

Además, la crisis económica actual, aunque se ha manifestado principalmente destruyendo trabajo masculino asociado a la construcción y los niveles de desempleo son por primera vez en la historia de España, más elevados entre los hombres (la tasa de paro masculina es del 33%) que entre las mujeres (la tasa de paro femenina es del 27%), es necesario incidir sobre políticas específicas que faciliten la integración laboral femenina. La escasa gama de puestos de trabajo ofertados a las mujeres extranjeras y las dificultades para la obtención de un permiso de trabajo provocan que, en la mayor parte de los casos, su incorporación al mercado de trabajo español esté vinculada al servicio doméstico y al cuidado de personas dependientes. Algunos estudios como el realizado por el Colectivo IOÉ titulado “Inmigración y dependencia” (2005) resaltan que el 90% de las ofertas laborales destinadas a mujeres extranjeras están relacionadas con estas tareas. La escasa regulación de estas ocupaciones y su inserción en la economía sumergida introducen a este colectivo en un círculo vicioso de irregularidad y precariedad del que difícilmente pueden escapar hasta la obtención de los permisos necesarios para su residencia legal en el país.

      

   Población extranjera ocupada según rama de actividad y sexo, 2010

                                                                                                          

 Fuente: Encuesta de Población Activa, 2010 IIT

Por ello, el año de llegada o el tiempo de permanencia en España será un factor clave para determinar el nivel de integración laboral. La situación es más complicada para las recién llegadas. Teniendo en cuenta que la inmigración es un fenómeno novedoso en nuestro país y que la llegada de los flujos migratorios ha sido especialmente intensa en el período 2000-2005, es probable que un número relevante de mujeres se encuentren en situación irregular y, por tanto, precaria. Cualquier política de integración destinada a este colectivo debe conocer la distribución de la población extranjera según los años de residencia en España. La Encuesta de Población Activa también ofrece información a este respecto y nos muestra unas cifras importantes de población recién llegada puesto que el 43,5% lleva menos de cinco años residiendo en el país pero también se va notando un porcentaje relevante de personas que se encuentran asentadas y establecidas permanentemente puesto que el 40,7% lleva viviendo en España entre seis y diez años. A pesar de esta notable permanencia en el país, el porcentaje de extranjeros con contratos de trabajo temporales todavía dobla al de los españoles. Frente al 41,9% de inmigrantes con contratos de trabajo temporales, la cifra desciende al 21,9% para las personas españolas (EPA, 2010).

 Población extranjera según años de residencia en España, 2010

  Fuente: Encuesta de Población Activa, 2010 IIT

Población ocupada según tipo de contrato y nacionalidad, 2010

 Fuente: Encuesta de Población Activa, 2010 IIT

                                

                            

La temporalidad, la precariedad y la irregularidad son las características más llamativas del mercado laboral al que acceden las mujeres extranjeras. Y estas peculiaridades resaltan en mayor grado si tenemos en cuenta el nivel de formación académica de este colectivo. En contra de muchos de los prejuicios de la opinión pública, el grado formativo de las mujeres extranjeras presenta una mayor solidez que el de las mujeres españolas. El porcentaje de personas con un título universitario es igual entre ambos colectivos (en torno a un 18%) pero, el porcentaje de mujeres foráneas con estudios secundarios supera en diez puntos porcentuales a la cifra de las mujeres nativas. Mientras que el 58,9% ha cursado estudios secundarios esta cifra desciende al 46,95 de las españolas.

Tras estos datos cabe confirmar que los trabajos a los que acceden las mujeres inmigrantes no están relacionados con sus niveles académicos ni por tanto con sus expectativas, situación que deriva en un claro desajuste con respecto a las actividades laborales que desarrolla este colectivo.




 

  Nivel de estudios de las mujeres extranjeras y españolas, 2010

 Fuente: Encuesta de Población Activa, 2010 IIT

Claves para tener en cuenta la integración sociolaboral

1.  El mercado de trabajo al que acceden las mujeres inmigrantes está relacionado con unas actividades muy definidas: servicio doméstico, hostelería y comercio. Todas ellas se caracterizan por la precariedad e irregularidad por lo que las políticas de integración sociolaboral diseñadas de manera específica para este colectivo se convierten en imprescindibles.
2. Aparece un claro desajuste entre los niveles formativos de las mujeres inmigradas y el tipo de actividades que desempeñan en nuestro país. Una de cada cinco mujeres foráneas posee estudios universitarios y cerca del 60% posee un título de secundaria.
3. Sin embargo, esta circunstancia abre expectativas de mejora de la situación sociolaboral, de avance en su promoción profesional y económica.

Posición de la población en el mercado de trabajo según nacionalidad y sexo, 2010.

	Población española		Población extranjera
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Tasa actividad	65,9	49,4	84,1	69,9
Tasa de empleo	54,6	39,9	56,3	51,1
Tasa de paro	17,2	19,2	33,0	27,0

Fuente: Encuesta de Población Activa, 2010 IIT

La integración entre las políticas de inmigración y las políticas de empleo

La necesidad de poseer un permiso de residencia y/o trabajo para acceder a un empleo en la economía formal es la primera condición que debe superar la población extranjera extracomunitaria (las personas que proceden de la Unión Europea y que llegan a España a través del Régimen General no deben cumplir este requisito pues automáticamente se les concede un permiso de residencia que está vinculado a un permiso de trabajo) que quiera incorporarse al mercado de trabajo. De ahí que para analizar las políticas de empleabilidad destinadas al colectivo inmigrante sea necesario conocer también como se regula en España la condición de extranjería. La normativa actual impone numerosas trabas administrativas para la obtención de la estabilidad jurídica puesto que a la dificultad de tener una oferta laboral (ya que los extranjeros y especialmente las mujeres son contratados principalmente para actividades del mercado informal) se le suma el cumplimiento de la “situación nacional de empleo” (es decir, que ningún español esté apuntado en el INEM en la ocupación para la cual solicitan el permiso). Si tenemos en cuenta que en España el acceso a la protección social y a la mayor parte de las prestaciones del estado de bienestar se asocian a las cotizaciones realizadas como trabajadores, es evidente que la población extranjera y, en especial, las mujeres poseen una desventaja comparativa.

No obstante, en los últimos años la política de extranjería ha experimentado varios cambios entre los que destaca su intención de priorizar las necesidades de integración más que el control y vigilancia de los flujos migratorios. Así lo recoge el “Reglamento de Extranjería” del año 2004, mediante el cual, la integración de la persona inmigrante se sitúa en un lugar prioritario, como elemento central para lograr el objetivo de su integración y plena participación social, al igual que el Plan Estratégico para la Ciudadanía y la Integración 2007-2010, del Ministerio de Trabajo, en donde el empleo aparece como “requisito imprescindible para que los trabajadores inmigrantes se incorporen a nuestra sociedad en condiciones de igualdad”. De hecho, en el ámbito del trabajo recoge siete objetivos básicos que deben ser observados como base para la implementación de políticas de integración sociolaboral:

1)      Adecuar la normativa sobre el empleo y Seguridad Social, a fin de garantizar la igualdad de derecho y deberes.

2)      Mejorar de modo continuado la gestión de los flujos migratorios.

3)      Promover el mantenimiento del empleo, la promoción profesional y la formación, así como la adecuación  de las competencias de la población trabajadora inmigrante a las oportunidades del mercado de trabajo.

4)      Mejorar los dispositivos de intermediación en el mercado laboral.

5)      Luchar contra la contratación irregular de trabajadores inmigrantes en la economía sumergida.

6)      Luchar contra la discriminación y por la igualdad de oportunidad de las personas inmigrantes en el mercado de trabajo y en las empresas.

7)      Fomentar la gestión de la diversidad en las empresas.

Aún así y a pesar de la tendencia actual a acercarse al tema de la integración sociolaboral de las mujeres inmigrantes, realizarlo desde la regulación que nos proporciona la “Ley de Extranjería” resulta claramente insuficiente. Se hace necesario abarcar este problema desde la regulación y modelo de gestión que proporciona la Ley de Empleo (Ley 56/2003; LE). De hecho, esta normativa dispone que uno de los objetivos generales de la política de empleo consiste en “garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación…” Este principio es de aplicación también a las personas inmigrantes, y especialmente a las mujeres inmigrantes, si bien “en los términos que determine la normativa reguladora de sus derechos y libertades”. Por lo tanto, se hace evidente la necesaria coordinación de la política de empleo con la política migratoria.

En este sentido, una de las facetas más relevantes sobre la que diversos investigadores más ha incidido (Molina et al., 2011) es la relativa a propiciar la inscripción de las trabajadoras extranjeras como demandantes de empleo, a los efectos de conseguir que los Servicios Públicos de Empleo puedan intervenir en el proceso de colocación de este colectivo. Y es que esta reivindicación choca con la normativa de inmigración, la cual impone que para acceder a estos servicios la mujer inmigrante disponga de la autorización para trabajar. Esta exigencia dificulta la acción para quienes más necesitan esta “intervención ocupacional”, como son las mujeres inmigrantes que se encuentran en situación irregular. De ahí que algunos programas asistenciales ya empiecen a tener entre sus destinatarios a mujeres inmigrantes en situación irregular. A tal fin, es importante destacar los nuevos instrumentos legislativos que han aparecido en el camino de la política de inserción sociolaboral, renovando los marcos reguladores y las metodologías de acción social a favor de la inserción por lo económico, recuperando el valor central integrador del derecho al trabajo. En esta dirección, destaca la Ley 44/2007, reguladora del régimen de Empresas de Inserción.

La existencia de estas empresas responde al objetivo de permitir a personas en situación o riesgo de exclusión social, realizar un aprendizaje en un entorno laboral real, mediante el desarrollo de actividades económicas. Entre sus empleados se encuentran principalmente mujeres, personas inmigrantes y jóvenes menores de 25 años. La mayoría de estas empresas de inserción se definen como transitorias, es decir, su objetivo es que los trabajadores en proceso de integración laboral se incorporen al mercado de trabajo ordinario. Además no podemos olvidar que este tipo de iniciativas suponen un ahorro al Estado, cifrado en prestaciones tanto contributivas como asistenciales, así como en las cotizaciones que estas personas realizan derivadas de su contrato laboral.

A pesar de estas indudables ventajas, el principal inconveniente que tienen que afrontar estos programas de inserción por la mejorar de la empleabilidad de las mujeres inmigrantes, es que a menudo quienes más lo necesitan, están en situación de menores oportunidades de acceder a los mismos, por no tener su situación administrativa regularizada. Por ello hay que tener en cuenta que cualquier endurecimiento que se establezca respecto a la concesión/renovación de las autorizaciones para trabajar, desencadenará en un incremento del número de mujeres inmigrantes en situación de irregularidad administrativa y por lo tanto aumentará el colectivo de personas sobre las que la política debe actuar para promocionar su inserción sociolaboral.

Propuestas de actuación

          -Renovación de los dispositivos de regulación y control de los flujos migratorios para facilitar la tramitación administrativa de obtención de los permisos de residencia y/o trabajo, de manera que, la Ley de Extranjería no se convierta en un instrumento que dificulte la inserción laboral de las mujeres migrantes.

          -La promoción de la contratación desde los países de origen previene ante la llegada irregular y el empleo informal. Para ello sería necesario que se realizase una adecuada planificación de las necesidades del mercado laboral y de las ocupaciones.

          -Promover la especialización de los servicios de orientación sociolaboral que se prestan a la población inmigrante extranjera, y de manera muy particular a las mujeres inmigrantes, a través del diseño de planes de inserción sociolaboral personalizados y acordes con sus trayectorias personales y profesionales.

          -Profesionalizar algunas actividades en las que se ocupan mayoritamente mujeres inmigrantes como son las tareas de cuidados personales a personas mayores o enfermos. En la actualidad esta ocupación se regular mediante el servicio doméstico pero parece necesario que se prepare una normativa propia independiente pues la formación para cuidar y para limpiar son diferentes.

El reto que ha de afrontar la política migratoria es la de dirigirse no únicamente a canalizar los flujos migratorios, es decir, adaptar el volumen de personas que emigran, a la capacidad de nuestro mercado de trabajo, sino también el de integrar social y laboralmente a los distintos y variados colectivos de personas inmigrantes que residen en España.

Para ello es necesario prestar atención a quienes están fijando su proyecto migratorio entre nosotros, facilitándole el acceso al mercado y servicios de acogida de calidad. Pero también es necesario atender a quien lleve tiempo entre nosotros, en situación en muchos casos de integración formal, pero que realmente participan en el mercado de trabajo en condiciones de profunda desigualdad, en condiciones de extrema precariedad laboral y social, como es la que afecta en nuestros días a gran parte de las mujeres inmigrantes. Junto a ellas se encuentra también una amplia proporción de mujeres que ni siquiera tienen acceso a esta situación de regularidad formal, sino que participan en nuestro mercado de trabajo, prestando un servicio a nuestra sociedad, en condiciones de irregularidad administrativa, que las convierte invisibles en muchos aspectos de la vida en sociedad, y que da lugar a situaciones problemáticas, que vienen oscilando en la práctica entre situaciones de semiesclavitud y situaciones de normalización, ya sea ordinaria o bien extraordinaria.

Lo que no debemos obviar es que con frecuencia pasamos por alto la propia condición de ciudadanas que poseen estas mujeres y que deben ser consideradas como sujetos de derecho y de acción pública, por lo que también ellas deben ser destinatarias de medidas de actuación inspiradas en el objetivo de conseguir en este caso, de manera preferente su integración sociolaboral, puesto que de hecho están trabajando en nuestra sociedad alcanzando con ello el estatus que les permita alejarse de la situación de mayor vulnerabilidad que padecen, y que las convierte en presa fácil de situaciones de exclusión social. En definitiva, se trata de abrir nuevos ámbitos para la realización del derecho a acceder a un empleo en condiciones de igualdad y no discriminación para todas las mujeres inmigrantes, con independencia de la situación administrativa en la que se encuentren.

Red de Actores Implicados